Una nota en el Diario La Nación (
"Militares retirados reclaman un trato judicial igualitario...") anticipa un comunicado que sería publicado el
25 de mayo, suscripto por militares que “eran jóvenes oficiales” durante la
dictadura cívico militar y que hoy, se encuentran procesados, algunos
condenados por delitos de lesa humanidad.
Otra nota, en el local diario Uno (
"Son los mismos..."), es coincidente con
aquella aunque comparativamente inferior en calidad y objetivos.
Ambas, están destinadas a un público desprevenido que no
conoce el desarrollo histórico de la justicia por delitos de lesa humanidad ni
la profundidad del paradigma: haber recuperado la Justicia igualitaria para
todos, no obstante posibles errores, subsanables recurriendo a la misma
Justicia.
Repasemos:
Entre 1976 y 1983 (dictadura) se producían secuestros de
personas, a veces ante testigos, eran
sometidas a tortura, muchas eran condenadas a morir y como sus cuerpos fueron ocultados, adquirieron la categoría de desaparecidos. Lo
dijo Videla, Presidente de la Junta Militar que se apoderó de Argentina: no
están vivos ni muertos, están desaparecidos,
no están. Los recursos de habeas corpus presentados a la Justicia –en
Mendoza ante Miret, Romano, Guzzo, y otros funcionarios- eran rechazados no
obstante la ausencia inexplicable de la persona. Los resortes normales de la
Justicia, no funcionaban.
En 1984 ya en el Gobierno del Presidente electo Alfonsín, en
respuesta a un fuerte clamor nacional e internacional por el retorno de
justicia, se realizó el juicio oral y público a las tres Juntas de Comandantes
que se habían sucedido en el gobierno. Los previos planteos militares y las
presiones políticas, condicionaron el juicio, que trató unos pocos casos
“testigo” recogidos en todo el país. La baja condena de los aeronáuticos tuvo
dos explicaciones: que eran considerados los héroes de Malvinas, y que no se
conocían entonces muchos delitos cometidos en su ámbito.
Esta sentencia sentó un precedente, el propósito de Nunca Más, y abrió el
camino al juzgamiento de los delitos de
lesa humanidad cometidos en todo el país.
Mendoza: en la Justicia Federal predominaban los
funcionarios que hicieron carrera en
dictadura, y lo que era aún peor, con las bayonetas en la espalda de la
democracia, se sancionó una ley que modificó el Código de Justicia Militar y
los acusados debían ser juzgados por sus pares –el CONSUFA, Tribunal Militar.
Los ex presos políticos y los familiares, debían comparecer al Comando para
presentar las denuncias. Sin abogados en las audiencias. Es interesante leer
aquellos expedientes: las preguntas de los militares, eran –sin picana-
similares a las de los interrogatorios. Dónde militaba, qué hacía, con quién se
relacionaba….(Vamos a subir a nuestro blog algunas de aquellas actas, para
hacer docencia.)
Transcurrido un plazo -recordaría que eran 6 meses- quienes
trabajábamos en el tema judicial por los organismos de ddhh, podíamos pedir
“avocamiento” de la Justicia Federal. El
llamado “expediente militar” cambiaba de número y pasaba a manos de la
Cámara, que tenía la función de
instruirla. Igual en todo el país. Nuestra Cámara tenía una composición
disímil, en ella convivían Miret, Endeiza, Mestre Brizuela, González Macías. En
el cortísimo lapso de aquella exótica actividad instructoria, se produjeron
documentos que hoy son base probatoria fundamental, como las declaraciones del
Gral.Maradona, Jefe máximo por muchos años de la represión en la zona; del Jefe de Policía Brigadier Santuccione, un capo mafioso; del policía provincial Jefe
del D2, donde tantos/as dejaron la vida en la tortura, Sánchez Camargo; y otros
muchos. Es interesante destacar que ninguno de ellos recurrió al actual
subterfugio de la negación o la distracción sino que, reivindicaron la “lucha
antisubversiva” y detallaron el esquema organizativo militar. Eso sí, nadie
dijo qué fue de los desaparecidos: ya regía el pacto de silencio con respecto a
los dos botines de guerra. (El otro son
los hijos apropiados).
En eso estábamos. En todo Mendoza se contaba con dos
abogados: Alfredo Guevara y Carlos Venier (h) (que no es ni pariente del actual
defensor de represores, pues gracias a Dios, es hijo de quien por muchos años
representara a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre). Guevara llegaba
del exilio, Venier acababa de recibirse.
Las denuncias sobre los hechos y la identidad y cantidad de
las víctimas, se iban armando a medida que se iban conociendo porque nuevas
personas se acercaban, se animaban. Pues, es de público y notorio, que mientras
duró la dictadura, madres, familiares, abuelas, organizaciones, luchaban en la
línea del reclamo por verdad y justicia, en semiclandestinidad, sufriendo
persecución, a veces perdiendo la vida, a veces la libertad (Iglesia de la
Santa Cruz, de Madres, en Buenos Aires, con desapariciones; Martha Agüero y
Albino Pérez, de la LADH, en Mendoza, con cárcel).
En cuanto a quiénes
habían cometido los ilícitos, solamente se conocía: la escala de mando superior
–funciones militares- y el personal del D2. Muy poco más que eso.
Más no se pudo avanzar puesto que, a fines de 1986 y
principios de 1987, con las bayonetas en la espalda, el Congreso Nacional
sancionó dos leyes inconstitucionales y extrañas a todo proceso legal tanto de
Argentina como del mundo: la llamada de “punto final”, que puso un plazo muy
breve para denunciar; y a continuación la de “obediencia debida”. Según la cual, torturas, homicidios, por sólo
mencionar los delitos más graves, sufridos en el marco de la “lucha contra la
subversión”, no eran delitos. En ese marco, quienes lo hicieron, no eran
punibles. Se infería que todo
desaparecido o torturado era un subversivo sin que pudiera alegarse lo
contrario. Notorios casos de empresarios saqueados por militares, salieron a la luz en esta década.
Toda investigación, búsqueda, interrogante, acusación,
reclamo, quedó fuera de la Justicia. La
justicia del Código Penal, la constante jurisprudencia de los tribunales
en materia penal, el conocimiento social sobre el delito y la conciencia del
peor de ellos, el homicidio: desaparecieron. Al decir de Videla: no están.
Pasaron muchos años de afianzamiento de la impunidad y aquel
agujero negro en la legislación argentina
se sostuvo como en una película de ciencia ficción. Pero las Madres en
las plazas.
Los militares y policías ayer imputados o nunca imputados,
ascendiendo, jubilándose, en silencio. Los funcionarios judiciales ascendiendo,
permaneciendo, académicos, jubilándose,
olvidando. Y los cargos públicos, ocupándose sucesivamente. Plenamente reconciliados
los unos con los otros, compartiendo actos oficiales, en las plazas, en días en
que no estaban las Madres. Ofrendas florales, discursos, negación. Dos países,
en uno los olvidados, en otro, los olvidadores.
Pero, nada es estático, y menos la historia.
La resistencia, la lucha, la verdad, la justicia, y para
colmo la memoria, reaparecen siempre. No se pudo evitar que en 2003, quedaran
sin efecto las leyes de impunidad. El dique aquel, ya hacía agua por todos
lados, desde que Mignone encontró la veta de los juicios por la Verdad, las
Abuelas conocieron a Snowden, y la Corte
Interamericana propuso sanciones para el Estado argentino si no “resarcía” el daño causado. “Paguemos”
interpretó Menem, para indemnizar debía probarse el daño, y se profundizó la
contradicción entre la verdad y el olvido cuando el sector administrativo del
Estado, se plagó de denuncias por delitos que después supimos, eran de lesa
humanidad, y no tenían acceso a la Justicia penal.
Así que la Justicia, el Congreso, el Ejecutivo, un día
llamaron a las cosas por su nombre y repusieron esa Justicia igualitaria para
todos, la Justicia del país, sus leyes, sus códigos, sus sentencias. Es duro
aplicarla, las corporaciones se resisten con fuerza. Pero es la misma Justicia
de antes, de siempre, sin agujeros negros. A las causas por delitos de lesa
humanidad las instruye en definitiva un Juzgado de primera instancia, que
acepta o no las propuestas de la Fiscalía;
todo está sujeto a apelación, funcionan todos los recursos del código de
procedimientos, resuelve la Cámara de Apelaciones, por encima hay recursos a la
Cámara de Casación Penal Nacional y aún por encima, hay una Corte Nacional de
Justicia.
Pasó demasiado tiempo, es verdad. Al cabo de ese tiempo,
están los que lamentan el fin de la impunidad, y estamos los que sentimos un
gran alivio por el regreso de la Justicia, que llegó para quedarse, que no será
suspendida nunca más. El desafío es mejorarla, profundizarla, para bien del
presente y de las generaciones venideras.
